PROMETEICA - Revista de Filosofia y Ciencias. 2026, v. 33
Artículos
https://doi.org/10.34024/prometeica.2026.33.20925
O, DESDE DÓNDE INSUFLAR EL ESPACIO EN UNA ELABORACIÓN FILOSÓFICA
TERRITORIALIZING RECOGNITION
Or, from where to pump space in a philosophical construct
TERRITORIALIZAR O CONCEITO DE RECONHECIMENTO
Ou, a partir de onde insuflar o espaço numa elaboração filosófica
Camilo Lozano-Rivera
(Universidad Católica de Manizales, Colombia)
Recibido: 06/08/2025
Aprobado: 28/12/2025
RESUMO
Este ensaio examina criticamente o conceito filosófico de reconhecimento e argumenta que sua densidade analítica pode ser ampliada por meio de uma abordagem territorial transdisciplinar. A partir do cruzamento entre filosofia, geografia crítica, epistemologia e antropologia, defende-se que o reconhecimento não pode permanecer abstraído das condições materiais, simbólicas e afetivas em que ocorre. Territorializar o reconhecimento significa inseri-lo em um tecido sócio-histórico onde a subjetividade também se constitui pela relação com o espaço habitado. O artigo distingue entre conceitos e noções e analisa como a aplicabilidade empírica de reconhecimento depende de sua ancoragem na experiência vivida. Casos concretos —como os processos de reparação coletiva em territórios camponenes e indígenas — demonstram como o reconhecimento se manifesta em práticas espaciais, afetivas e políticas, moldando dinâmicas de justiça cognitiva, justiça espacial e de configuração institucional. A partir de uma perspectiva situada, o ensaio sugere que muitas lutas sociais são afirmações de formas de existência vinculadas a mundos relacionais, territórios sensíveis e agências não humanas. Propõe-se uma releitura do reconhecimento que supere a dicotomia entre redistribuição e representação, integrando a espacialidade como dimensão constitutiva. Conclui-se que territorializar o reconhecimento é essencial para tornar sua potência crítica e transformadora efetiva, ao vinculá-lo às formas pelas quais o social se corporifica, se habita e se disputa.
Palavras-chave: reconhecimento. territorialização. redistribuição. subjetividade.
ABSTRACT
This essay critically examines the philosophical concept of recognition and argues that its analytical strength can be expanded through a transdisciplinary territorial approach. By intersecting philosophy, critical geography, epistemology, and anthropology, it maintains
that recognition cannot remain detached from the material, symbolic, and affective conditions in which it takes place. Territorializing recognition means embedding it in a sociohistorical fabric where subjectivities are also formed through the relationship with inhabited spaces. The article differentiates between concepts and notions and explores how the empirical applicability of recognition depends on its anchoring in lived experience. Concrete cases—such as collective reparation processes in Indigenous territories— demonstrate how recognition materializes in spatial, affective, and political practices, shaping dynamics of cognitive justice and institutional configuration. From a situated perspective, the essay suggests that many social struggles are affirmations of forms of existence linked to relational worlds, territorial sensitivities, and non-human agencies. It proposes a redefinition of recognition that integrates spatiality as a constitutive dimension. The conclusions affirm that territorializing recognition is essential for enhancing its critical and transformative potential, by making it responsive to the ways social life is embodied, inhabited, and contested.
Keywords: recognition. territorialization. redistribution. subjectivity.
RESUMEN
Este ensayo examina críticamente el concepto filosófico de reconocimiento para argumentar que su densidad analítica puede ampliarse mediante una territorialización transdisciplinaria. A partir del entrecruce entre filosofía, geografía crítica, epistemología y antropología, se sostiene que el reconocimiento no puede permanecer abstraído de las condiciones materiales, simbólicas y afectivas donde ocurre. Territorializarlo implica inscribirlo en un entramado sociohistórico donde las subjetividades se constituyen también desde la relación con los espacios habitados. El artículo distingue entre conceptos y nociones, y explora cómo la aplicabilidad empírica de una categoría como la de reconocimiento depende de su inscripción en experiencias vividas. Se analizan casos concretos —como procesos de reparación en territorios campesinos e indígenas— para ilustrar cómo el reconocimiento se encarna en prácticas espaciales, afectivas y políticas, influyendo en dinámicas de justicia cognitiva, justicia espacial y configuración institucional. A partir de un enfoque situado, se argumenta que las luchas no se reducen a demandas de inclusión cultural y acarrean el potencial de afirmar formas de existencia ligadas a mundos relacionales, sensibilidades territoriales y agencias no humanas. En este sentido, se propone una relectura del reconocimiento que integra la dimensión espacial como componente constitutivo. Las conclusiones apuntan a que territorializar el reconocimiento es condición necesaria para su mediación epistémica y transformadora, en tanto lo vuelve sensible a los modos en que lo social se encarna, se habita y se disputa.
Palabras clave: reconocimiento. territorialización. redistribución. subjetividad.
El presente trabajo examina críticamente cómo el concepto de reconocimiento, desarrollado en la filosofía contemporánea de Axel Honneth (1997), puede enriquecerse mediante una perspectiva territorializada. Desde la transdisciplina de los estudios territoriales, anclados de múltiples maneras en las tradiciones epistémicas de la geografía humana y la antropología, resulta esencial puntualizar las condiciones del uso conceptual de los términos que median la relación entre sujetos, espacio y poder. Es decir, enlazar esos conceptos con soportes y referentes etnográficos para dar cuenta de “distintas configuraciones y morfologías que relacionan lugares y personas” (Nates-Cruz, 2011, p. 213). En este marco, conviene distinguir —como sugiere Raffestin (1978)— entre nociones y conceptos: las primeras están vinculadas a la percepción y a la organización sensible de la experiencia vivida con el entorno, mientras que los segundos constituyen construcciones abstractas, relativamente desvinculadas de dicha experiencia.
En esta misma línea, proponemos que el concepto filosófico de reconocimiento, especialmente en la vertiente analítica desarrollada por el teórico crítico alemán Axel Honneth (1997), ha sido un punto de partida eficaz para analizar las relaciones sociales en tanto configuradoras de la subjetividad a través de procesos intersubjetivos. Bajo esta perspectiva, se sostiene que “el sujeto humano le debe su identidad a la experiencia de un reconocimiento intersubjetivo” (Honneth, 1997, p. 90). Sin embargo, es preciso advertir que dichas relaciones sociales, tal como suelen ser tratadas en este marco teórico, se despliegan dentro de un horizonte genérico, no especificado espacial o contextualizadamente. En otras palabras, el análisis del reconocimiento se construye habitualmente sobre relaciones sociales concebidas de forma abstracta y deslocalizada, a pesar del énfasis puesto en la intersubjetividad —y, por ende, en la condición colectiva— como medio de estructuración. En este sentido, el concepto de reconocimiento encaja con la definición que Raffestin (1978) propone sobre los conceptos como “una construcción generalmente desligada de la experiencia” (p. 61): dotada de generalidad, articulada lógicamente, pero sin un anclaje necesario en las singularidades de la sensibilidad vivida con el entorno.
Más que oponer los términos de concepto y noción, esta distinción permite asumir el reconocimiento como un concepto susceptible de ser tratado simultáneamente como noción; es decir, como una estructura operatoria que conviene religar a la experiencia por la incidencia que tiene en su organización. En este sentido, puede recordarse que la propia epistemología genética piagetiana, tal como ha sido sintetizada por Vosniadou et al. (2008), ha mostrado que las estructuras cognitivas no surgen como formalizaciones abstractas a priori, sino como construcciones progresivas que se desarrollan a partir de esquemas de acción concreta y se reorganizan en operaciones más complejas: “este tipo de reestructuración aplica a todos los dominios del pensamiento y ha sido caracterizado como una reestructuración global” (p. 21). Tal encadenamiento desde lo sensorial a lo formal apoya la tesis de que incluso los conceptos más abstractos requieren una articulación vívida con la experiencia, si se espera que conserven eficacia epistemológica.
Hay que incrustar desde ya la idea de que el reconocimiento ha sido un concepto clave para abordar problemas de complejidad sensible como la formación de identidades, la autonomía, la justicia social y las luchas por la dignidad humana (Jütten, 2022). Justamente esto es debido al énfasis en las relaciones interpersonales que sirven de fundamento para la constitución subjetiva y colectiva, sin dejar de lado las dimensiones afectivas, jurídicas y sociales, necesarias en armoniosa combinación para propiciar una vida disfrutable y justa: especialmente bajo el corolario de que somos seres “constitutivamente intersubjetivos” (Busacchi, 2016, p. 98). Ahora bien, aunque este ensayo privilegia la perspectiva intersubjetiva del reconocimiento en clave honnethiana, no puede soslayarse que las experiencias de agravio moral muchas veces se entrelazan con condiciones estructurales de desigualdad, que hacen emerger asuntos asociados a la redistribución. En otras palabras, el reconocimiento no acontece en el vacío, sino al interior de marcos sociales y económicos que moldean las posibilidades materiales de la estima recíproca: “Según Honneth, la injusticia se percibe [...] como una negación del reconocimiento intersubjetivo que perturba violentamente la relación del sujeto consigo mismo” (Markell, 2009, p. 453). Desde este punto de vista, resulta pertinente señalar que ciertas formas de injusticia distributiva afectan directamente la constitución del respeto por sí mismo.
En particular esta cuestión, la del respeto por sí mismo, evidencia la profunda interdependencia entre reconocimiento y redistribución en el marco de la justicia social (Guibet Lafaye, 2021). La falta de autoestima y de confianza en la propia capacidad de realizar algo valioso se ve intensificada por la experiencia subjetiva de contraste con los demás en un contexto colectivo —es decir, con los antagonismos entre las posiciones sociales y económicas—, especialmente cuando hay disparidad y esta se vuelve visible a través de la socialización y los estándares de vida colectivos. En este sentido, el respeto por uno mismo no cabe por completo dentro de una dimensión ética o simbólica, sino que se desborda hacia interrogantes distributivos fundamentales (Guibet Lafaye, 2021).
Por otra parte, retomamos que la perspectiva que brinda el concepto de reconocimiento en la formulación que hace Honneth (1997), ha permanecido en gran medida desconectada de condiciones espaciales específicas en las que se desarrollarían las relaciones a las que se refiere el grueso de sus análisis. La desconexión se puede reducir desde los estudios territoriales, ya que estriba en la escasa consideración
otorgada a los contextos materiales y significativos, quedando así fuera de vista la influencia decisiva que tienen las condiciones espaciales, ecológicas, históricas y culturales específicas en las luchas sociales por el reconocimiento (Ibsen, 2023). En una línea similar, se ha argumentado, de manera un tanto taxativa, que las reformas basadas en el reconocimiento por sí mismas no lograrían completar una función social transformativa, a menos que se articulen con luchas por la redistribución (Fraser, 1998).
En América Latina, las luchas por el reconocimiento han estado históricamente atravesadas por procesos de racialización, despojo territorial y exclusión epistémica. Esto último hasta el punto de ocupar la región una posición marginal en la comprensión de los cambios sociales más pronunciados del presente, por ejemplo, la tendencia global de las sociedades hacia la producción y procesamiento de datos (Milán y Treré, 2024). Sumado a la ingente diversidad que cruza este lugar del mundo en todos los planos, es preciso concebir desde aquí “el reconocimeinto como actitud ética fundamental en tanto habilita una traducción intercultural” (Bonilla y Vior, 2017, p. 82).
Marcando cierta diferencia con respecto a los marcos europeos que dieron origen a la teoría del reconocimiento, las experiencias del sur global han obligado a repensar esta noción desde contextos marcados por la violencia estructural, la pluralidad ontológica y la persistencia de formas comunitarias de vida (Gopaldas, 2024). Desde el siglo XX, diferentes movimientos sociales —indígenas, afrodescendientes, campesinos— han articulado demandas de reconocimiento que no se agotan en lo cultural o simbólico, sino que exigen transformaciones materiales, jurídicas y epistemológicas profundas (Gaitán-Barrera y Azeez, 2018).
Ante esta variación del horizonte, la crítica poscolonial y decolonial ha advertido que el reconocimiento sin redistribución ni transformación estructural puede reproducir jerarquías históricas conducentes a desigualdades. Desde distintas perspectivas (Rivera Cusicanqui, 2018; Walsh, 2013) se ha volcado una mirada crítica sobre cómo el multiculturalismo liberal ha cooptado las luchas colectivas bajo la forma de un reconocimiento despolitizado, desvinculado de la autonomía, la tierra y la memoria. Este señalamiento ha sido respaldado por experiencias políticas como el proceso constituyente boliviano, el levantamiento zapatista o las formas de gobierno indígenas en Colombia y Ecuador, que muestran que el reconocimiento, en clave latinoamericana, debe comprenderse en tanto reordenamiento territorial del poder (González, 2015).
Hasta este punto se percibe que desde el campo académico han emergido marcos analíticos que perfilan el reconocimiento como una práctica política situada, ligada a la autodeterminación y a repertorios diferentes de formas alternativas de producción de lo común. Estas miradas suponen un refiuerzo de la concepción del territorio como condición ontológica, relacional y afectiva de existencia, no como simple recurso espacial (Llanos-Hernández, 2010). Por ello, este ensayo propone una articulación crítica: territorializar el reconocimiento, atendiendo a las luchas concretas que emergen en el suroccidente de Colombia, y que se proyectan a lo largo del Litoral Pacífico colombiano —una región geográfica densa en biodiversidad y conflictividad histórica— hasta enlazar con los Andes colombo-peruanos, donde se entrecruzan procesos culturales y políticos de larga duración (Páramo Bonilla, 2024). Este corredor andino-pacífico, que conecta ecosistemas de selva húmeda tropical con territorios de alta montaña, permite configurar un marco desde el cual pensar, con anclaje territorial, procesos de subjetivación, reparación y justicia.
Frente a esto, se plantea la necesidad de considerar críticamente el concepto de reconocimiento con el fin de aplicarlo para dar cuenta de fenómenos sociales mejor situados, vinculados a configuraciones territoriales concretas que modelan, a su vez, las condiciones de la aplicación. En esta línea de razonamiento, entendemos por territorialización del reconocimiento precisamente el anclaje coordinado del concepto con procesos relacionales en contextos socioespaciales especificables.
Entrando en materia, el reconocimiento como concepto, en términos de Axel Honneth (1997), define el proceso intersubjetivo fundamental mediante el cual los individuos adquirimos conciencia de sí mismos como sujetos sociales y morales plenos, en relación fluctuante pero siempre presente, con otros. Este proceso se despliega, aunque no del mismo modo todas las veces, en tres dimensiones que están necesariamente interrelacionadas: la primera de ellas involucra la afectividad y las atmósferas emocionales, por encontrarse su base en los relictos íntimos que proporcionan seguridad y autoconfianza, como aquellos que provee el vínculo amoroso general; la segunda dimensión, jurídica o legal (que, en efecto, se subsume en el Derecho), que otorga dignidad y respeto formal al sujeto, cada vez que se le reconoce como un miembro legítimo de la comunidad con derechos específicos y responsabilidades puntuales; y la tercera dimensión, social o comunitaria, que está caracterizada por la valoración positiva de las capacidades particulares del individuo dentro de contextos colectivos, o la resonancia social de su acción individual, tan importante en el plano de la solidaridad.
Honneth (1997) detalla con precisión esta distribución triádica del reconocimiento al indicar que “el amor representa el primer estadio de reconocimiento recíproco, ya que en su culminación los sujetos recíprocamente se confirman en su naturaleza necesitada y se reconocen como entes de necesidad” (p. 118). En el plano jurídico, afirma: “sólo desde la perspectiva normativa de un ‘Otro generalizado’ podemos entendernos a nosotros mismos como personas de derecho” (p. 133). Finalmente, en la dimensión social, subraya que “la valoración social vale para las particulares cualidades por las que los hombres se caracterizan en sus diferencias personales” (p. 149). Así, el reconocimiento se despliega como condición relacional del sí mismo, desde el afecto primario hasta la valoración socialmente mediada de la singularidad compuesta a lo largo de la biografía personal.
A su vez, el autor postula que a través de la interacción dialéctica entre estas tres formas de reconocimiento (el amor, lo jurídico y lo solidario), los sujetos construimos nuestras identidades personales y sociales, estableciendo simultáneamente condiciones necesarias para la autorrealización, la justicia social y la cohesión comunitaria. Es de este modo que “la creación práctica de la identidad del hombre presupone la experiencia del reconocimiento intersubjetivo” (Honneth, 1997, p. 114). La negación o violación del reconocimiento, por oposición, genera experiencias de humillación, angustia, exclusión y conflicto social (Leon-Giraldo et al, 2025); mientras que su efectiva realización -esto cualquiera lo intuye- posibilita la constitución de identidades más plenamente integradas y emancipadas, con un signo de eticidad contextualizado dentro de lo que es normativo para un determinado grupo. Este enfoque, sin embargo, corre el riesgo de invisibilizar cómo las experiencias de injusticia se encarnan territorialmente en prácticas cotidianas:
la reproducción de la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios sociales (Honneth, 1997, p. 114).
Un factor a considerar para avanzar en el argumento que esperamos ofrecer en este ensayo, es el de ciertos movimientos sociales en contextos latinoamericanos; particularmente aquellos afectados negativamente por contradicciones socio-políticas, que han reivindicado explícitamente y por eso mismo, demandas territoriales que ponen de relieve la necesidad de articular un enfoque más situado y contextualizado -i. e, territorializado- sobre el reconocimiento. En lo que queda, el propósito declarado es examinar críticamente cómo la perspectiva transdisciplinaria de los estudios territoriales -que tienen como objeto y no como enfoque al territorio, en tanto ensamble dotado de geograficidad, historicidad y sociabilidad (Morales-Fernández, 2024)- puede complementar y enriquecer el concepto filosófico del reconocimiento, mediante un abordaje territorializado. Sostenemos de entrada que la territorialización del reconocimiento puede proporcionar un abordaje más completo del fenómeno social. Además, y esto es importante con respecto a la gestión y manejo del territorio, también permite formular lineamientos más pertinentes, a veces surgidos del discurrir mismo sobre un territorio específico, para responder a las demandas sociales situadas y actualizadas, en virtud de que resultaría analíticamente insuficiente dejar de lado las mediaciones geohistóricas de casi cualquier conflicto social.
Ya hemos señalado que la teoría del reconocimiento (R) según Honneth enfatiza tres formas fundamentales de reconocimiento: el amor (que podemos adjetivar como reconocimiento afectivo), el derecho (que podemos adjetivar como reconocimiento jurídico) y la solidaridad (que podemos adjetivar como reconocimiento social). Desde esta perspectiva tiende a subrayarse que las luchas por el reconocimiento son encarnadas, morales e ineludibles en el proceso de construcción de identidades individuales y colectivas. Por lo tanto, estas luchas devienen esenciales para alcanzar mayores niveles de justicia social. No obstante, al centrarse la formulación principalmente en relaciones interpersonales que podemos denominar abstractas en tanto no ocurren en ningún espacio cualificado, este enfoque tiende a trasladar a un plano secundario las circunstancias territoriales concretas donde estas relaciones son accionadas y se materializan. Termina siendo un abordaje, por así decirlo fragmentario, de la justicia social in absentia de la justicia espacial.
En esto estriba el contraste y la posibilidad que ofrecen los estudios territoriales, cuando desde ellos se propone entender el territorio como un ensamble geosociohistórico; esta manera de conceptualizar implica considerar al territorio mucho más ampliamente que en el conjunto de las delimitaciones físicas y políticas patentes, y pasar a abordarlo en tanto sistema complejo imbuido de de relaciones sociales, políticas, prácticas culturales, discursos, dinámicas históricas y condiciones ecológicas. Según se infiere de un estudio previo elaborado por la territorialista Béatriz Nates-Cruz (2016), es en el territorio donde se manifiestan activamente procesos sociales y culturales especificables; y también donde se realizan negociaciones políticas y económicas estratégicas: sólo así toma sentido que, en el caso paradigmático de las tierras altas de los Andes Centrales colombianos, atravesados por un influjo de violencia política durante prácticamente todo el siglo XX, han emergido con urgencia estrategias bottom up en un contexto de posconflicto,
[...] los caminos y las sendas eran, para los locales, los lugares desde los que habían hecho suyo un territorio y a partir de los cuales habían trazado redes parentales, económicas y sociales de todo orden. Este era un andar político que les permitía, aunque con temor, hacer frente directamente a una situación que desbordaba cualquier posibilidad de vida. (Nates-Cruz, 2016, p. 93).
La concepción territorial de fondo de la autora -que “el territorio, más allá de ser un contenedor de los fenómenos sociales, es parte constitutiva de estos” (Nates-Cruz y Velasquez, 2019, p. 147)- termina permeando la descripción de la viñeta etnográfica concreta; pondera la importancia de los contextos locales en los que las comunidades se apropian y re-apropian simbólica y materialmente de los espacios, generando condiciones de posibilidad para el surgimiento de las identidades que hacen frente y desafían las violencias y las exclusiones concomitantes. Este es el momento del ensayo para afirmar, entonces, que integrar elementos territoriales en la teoría del reconocimiento permite -eso creemos- ampliar significativamente la capacidad analítica y la mediación epistémica del concepto.
Desde la epistemología crítica desarrollada por Juan Samaja (1992), puede sostenerse que territorializar un concepto como el de reconocimiento permite vislumbrar mejor su aplicabilidad empírica, al inscribirlo en modelos mediadores que conectan teoría y experiencia. Como advierte el autor, “en toda construcción teórica hay siempre un modelo subyacente que mediatiza la aplicación de la teoría a la realidad en sí misma” (p. 139), y esos modelos se alimentan del “ir y venir entre la experiencia y la teoría” que caracteriza el movimiento del conocimiento científico (p. 147). De esta forma, al incorporar variables territoriales —espaciales, históricas o práctico-afectivas— en la teorización del reconocimiento, se posibilita que el concepto emerja como herramienta situada para la comprensión de procesos sociales concretos, en lugar de como una abstracción prescriptiva o significante vacío (Laclau, 1996). Esto responde, además, a la necesidad de superar el falso dilema entre apriorismo y empirismo, desplazando el centro de la epistemología hacia “la lógica de la praxis humana”, donde “la vida real humana es la cantera de donde son extraídas las metáforas o modelos de donde surgen las hipótesis teóricas y los patrones de observación” (Samaja, 1992, p. 140). Así, territorializar el reconocimiento no significa renunciar a su densidad teórica, sino anclarla en prácticas socialmente mediadas que permiten de continuo su contrastación y despliegue situado.
Al poner en contacto el territorio1 y el concepto de reconocimiento, este último adquiere indicadores tangibles, como las prácticas comunitarias de reapropiación de espacios, los pactos territoriales entre grupos diversos para continuar en una senda de convivencia, o los actos simbólicos que activan memorias colectivas (Lefranc, 2005). Sin embargo, es preciso señalar que en el estudio de Nates-Cruz (2016) que analizamos antes, se adopta explícitamente con respecto al reconocimiento el enfoque de Nancy Fraser -de donde proviene la lógica tripartita de redistribución, representación y reconocimiento (Fraser, 2008)- para orientarlo a desentrañar las tramas sociales y espaciales del posconflicto en Colombia.
Se alcanza a ver en aquel análisis que el territorio es donde se materializan formas de injusticia estructural que exigen reparación tanto redistributiva como simbólica, pero con un énfasis deliberativo- institucional que se alinea con el modelo bidimensional de justicia de Fraser: la dimensión socioeconómica de la justicia expresada en la redistribución económica; y la dimensión simbólica de la justicia, expresada en el reconocimiento cultural (Fraser y Honneth, 2008). No obstante, al contrastar la propuesta de Fraser (2008) con la propuesta de Axel Honneth (1997) sobre el reconocimiento, se genera un desplazamiento del foco analítico y se revela una oportunidad epistemológica para enriquecer dicha lectura desde un enfoque que se centra más en las experiencias afectivas y ético-intersubjetivas de los actores.
Honneth (1997) en efecto postula que las luchas por el reconocimiento no se agotan en demandas de estatus o distribución, sino que puntualizan exigencias morales decididamente encarnadas, que surgen de lesiones concretas a la integridad afectiva, al respeto jurídico y a la estima social. Así, territorializar el reconocimiento -en clave honnethiana- implicaría trascender el marcaje espacial de la justicia- injusticia, para dar cuenta del territorio como una textura material y dinámica, afectiva e histórica en la que se inscriben procesos de subjetivación emergentes a partir de la desafección, el trauma y la herida. Las heridas del no-reconocimiento implican una negación simbólica que afecta la autoimagen y el sentido ético de sí mismo: “para bien o para mal, la voluntad humana es dependiente de la afirmación y estima de otros sujetos” (Honneth, 2023, p. 5)
Una ilustración sugerente de la necesidad de territorializar el reconocimiento —siguiendo una lectura honnethiana— lo ofrece el caso andino analizado por la antropóloga Marisol de la Cadena (2010), donde comunidades quechua hablantes de los altos Andes peruanos defienden la existencia y agencia de los tirakuna (término quechua; “earth beings” en el original en inglés; y seres-tierra, en español) como interlocutores políticos y ontológicos (De la Cadena, 2015). Lejos de ser una demanda cultural rasa por reconocimiento simbólico, la autora describe cómo esta lucha se enraíza en un vínculo afectivo y práctico con la montaña —Apu— concebida como un ser vivo cuya dignidad ha sido violentada por la expansión de proyectos extractivos. La negativa del Estado peruano y de las empresas mineras a reconocer a los Apus como entidades con capacidad de agencia constituye una especie de herida de no-reconocimiento que afecta a los humanos que las veneran y a la red relacional que constituye su mundo.
Como señala De la Cadena (2010), “aquellos que venían a las reuniones desde las montañas, decían que los seres-tierra estaban enojados” (p. 347), indicando que el malestar no era solo humano, sino compartido territorialmente. En este contexto, el reconocimiento negado no es únicamente una cuestión de estatus jurídico o cultural, sino una negación ontológica y afectiva que obstaculiza la realización ética de sí mismo en relación con su territorio. Territorializar el reconocimiento aquí implica comprender que la subjetivación emergente nace del agravio vivido por y con el territorio, y que la justicia sólo puede realizarse si se reconoce la agencia no humana inscrita en esa textura material compartida.
El desplazamiento analítico que abre la puerta a identificar procesos de subjetivación emergentes a partir de las heridas del no-reconocimiento, complementa la comprensión del territorio como espacio de intervención política-institucional, con una comprensión del territorio como plataforma vivencial de subjetivación de sentidos, donde los sujetos reclaman sus derechos, al tiempo que reconstituyen su autoestima, dignidad y vínculos de adscripción y pertenencia a través de prácticas concretas de
1 Siempre como objeto constitutivo y problematizado y no como entorno de ambientación.
significación en la reapropiación territorial. En este espacio analítico toma sentido considerar que se opera “en el análisis de contornos difusos entre pensamiento instituido y fuerzas instituyentes” (Rufer, 2023, p. 11) En las geografías de la civilidad expresadas en el barrido comunitario de las calles, la recuperación simbólica del día del mercado o las caminatas por los que antes fueran corredores paramilitares vetados a la comunidad en los Andes colombianos (Nates-Cruz, 2016), no son llanamente estrategias políticas, sino formas materiales de reconstrucción del sí mismo dañado, en un sentido honnethiano muy pleno.
Aunque la teoría del reconocimiento desarrollada por Axel Honneth (1997) y la teoría de la justicia de Nancy Fraser (1998) emergen de tradiciones distintas —la primera orientada a la formación intersubjetiva del sujeto, la segunda centrada en las estructuras de distribución y representación—, sus propuestas no son necesariamente excluyentes. Como argumenta Kangas-Müller (2024), al abordar los dilemas interseccionales que surgen entre el reconocimiento y la redistribución, es posible sostener que ambas dimensiones coexisten y se entrelazan en la constitución de las injusticias sociales, por lo cual sus enfoques teóricos pueden considerarse complementarios más que excluyentes. Ofrecen puntos de convergencia valiosos, diríamos, si se articulan desde una lectura territorializada y situada. El modelo bidimensional de justicia que combina redistribución material y reconocimiento cultural, opera en el entendido de que ambas dimensiones se entrelazan en las dinámicas de subordinación social. Por su parte, el acento en los vínculos afectivos y morales hacen posible una aproximación más afinada a la constitución del sí-mismo y el desarrollo de la agencia personal (Petersen y Willig, 2002).
El contraste entre ambas perspectivas se ha ubicado frecuentemente en el terreno de la prioridad: ¿debe la justicia atender primero a la estructura económica o al daño moral que produce la negación de la estima y la dignidad? Desde una perspectiva territorial, sin embargo, esta disyuntiva se vuelve infecunda. En los contextos latinoamericanos marcados por el despojo territorial, el racismo estructural y la negación epistémica, los daños materiales y simbólicos no se separan fácilmente. La pérdida de tierra, por ejemplo, implica algo más que empobrecimiento económico: una ruptura con redes sociales, prácticas espirituales, saberes ancestrales y sentidos del habitar que sostienen la autoestima colectiva (Sullivan y Rosenberg, 2018).
En este marco, se propende por el desarrollo de análisis académicos que permitan mostrar con claridad cómo el reconocimiento opera sobre el nivel afectivo, en la reconstrucción de vínculos, en la resignificación de lugares heridos y en la reconstitución ética de la vida comunitaria. Lo que tendría que ponerse en evidencia es que los actos territoriales cotidianos —como limpiar una calle, repoblar una ladera o pintar un mural— pueden ser actos políticos de civilidad que median la recuperación de la dignidad y la estima (Nates-Cruz, 2016). Una teoría del reconocimiento territorializado puede, proponemos, asumir los aportes estructurales de Fraser (1998) y las intuiciones morales de Honneth (1997), sin disolverlas en una síntesis artificial, en un esfuerzo por articulrlas según las especificidades del conflicto territorial bajo escrutinio. Esta integración crítica habilita la proyección de una justicia de restauración sobre vínculos dañados y sobre mundos devastados.
Territorializar el reconocimiento desde las ideas seminales de Honneth (1997) permite una mediación epistémica de este concepto puntualmente afinada con la dimensión psicosocial, al repartir sus anclajes entre las lógicas normativas de justicia institucional y el repertorio de experiencias encarnadas del reconocimiento o su negación, contemplando el atravesamiento de memorias de violencias, vínculos afectivos entredichos y prácticas colectivas (unas más exitosas que otras) del habitar. Al territorializar el reconocimiento desde Honneth (1997), no se sustituye lo estructural, pero se reconfigura su entendimiento: el territorio en tanto ensamble afectado por desigualdades; y también un ensamble donde se inscriben afectos, vínculos, memorias y subjetividades en constante conformación y fricción (Wang, 2022). Esta integración con la transdisciplina de los estudios territoriales da lugar a una posibilidad de comprensión densificada, situada y transformadora del concepto de reconocimiento, por su capacidad de captar la densidad subjetiva y material que destilan las luchas territoriales contemporáneas (Kochi, 2016).
Desde esta perspectiva, la mediación epistémica del reconocimiento se entiende mejor no como traducción entre campos disciplinares, sino como una transducción que permite que el reconocimiento, en tanto categoría filosófica, se exprese en repertorios observables que reconfiguran la experiencia encarnada y situada: desde actos cotidianos hasta reterritorializaciones simbólicas. En este marco, lo teórico se vuelve táctil, y lo territorial se convierte en plataforma donde los conceptos cobran cuerpo, temporalidad y agencia.
La noción de mediación epistémica, siguiendo la epistemología crítica de Juan Samaja (2004), puede postularse para los fines de este ensayo, como un proceso de transducción de una entidad teórica o conceptual en una concreción de dimensiones, variables y relaciones observables. No se trataría de medir, sino de construir una mediación entre el plano lógico-formal del concepto de reconocimiento y los planos empíricos, históricos y situados donde este adquiere sentido. En esta clave, territorializar el reconocimiento equivale a dotarlo de una gramática observacional que lo vuelva operable en contextos concretos de análisis e intervención. Territorializar un concepto como el de reconocimiento implica desplegar sus dimensiones constitutivas dentro de un espacio abstracto imaginativo, y también sobre una textura material e histórica: el territorio. Esta manera de proceder se sustenta en que el conocimiento no se construye en el vacío, sino desde entramados sociotécnicos, institucionales y culturales, donde las condiciones de posibilidad para el reconocimiento o su negación, emergen como configuraciones específicas de formas situadas de poder.
Bajo esta perspectiva, el reconocimiento puede ser desglosado en expresiones relacionales, morales, espaciales y performativas, que se manifiestan en prácticas. Estas expresiones permiten construir indicadores o criterios cualitativos para guiar simultáneament el análisis y la acción: ¿cómo se experimenta la estima colectiva en un territorio atravesado por la violencia? ¿Qué lugares operan como catalizadores del reconocimiento mutuo? ¿Qué formas simbólicas e institucionales habilitan o niegan el sentirse parte legítima de un mundo común? La territorialización del reconocimiento no presupone una universalización del concepto que termine horadando su capacidad de mediación apirtémica, sino su desdoblamiento en una constelación de prácticas situadas reveladoras de diversos modos en que la dignidad y la autonomía se negocian en la cotidianidad. En contextos como el colombiano, donde las heridas territoriales del conflicto armado se encarnan en comunidades desplazadas, dañadas o invisibilizadas, queda claro que el reconocimiento trasciende la representación: implica acompañar procesos de reconfiguración subjetiva y colectiva desde las materialidades específicas del habitar.
Todo esto nos va permitiendo plantear que la dimensión espacial y material actúa como plataforma concreta de las relaciones de reconocimiento. De esta forma, territorializar el reconocimiento contribuye a dotar al concepto de una dimensión empírica indispensable, al tiempo que facilitar su mediación epistémica al poner de manifiesto los atributos contextuales específicos desde donde emergen demandas o resoluciones sociales y se ejercen prácticas efectivas de reconocimiento, en contextos etnográficos situados.
Ciertos movimientos sociales latinoamericanos han puesto en evidencia con claridad distintiva, la importancia del territorio en las demandas contemporáneas de reconocimiento. La participación indígena en la escena política nacional en Colombia desde los años 70 -tras la fundación del Consejo regional Indígena del Cauca (CRIC) como primera organización indígena del país- se ha valido, entre otros medios de inserción del discurso étnico en la política nacional, de la demanda de “un entendimiento nacional basado en el reconocimiento de sus derechos y diferencias” (Ulloa, 2006, p.277). Esto incluye, de modo perentorio, las decisiones “en defensa de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución de 1991, de las comunidades étnicas de Colombia” (Derechos en el Territorio, s.f).
La experiencia colombiana ofrece un campo empírico robusto para observar cómo se territorializa —o no— el reconocimiento. En particular, la implementación de procesos de reparación colectiva en comunidades indígenas permite examinar formas de reconocimiento que no se reducen a indicadores
legales o administrativos, porque atraviesan dimensiones espirituales, lingüísticas y epistémicas. Un ejemplo ilustrativo de ello es el caso del resguardo Embera Gito Dokabú en el departamento del Risaralda (Unidad para las Víctimas, 2024). En aquel territorio, las acciones del Estado para reparar colectivamente a la comunidad —como la misión de verificación de derechos de la Defensoría del Pueblo para abordar casos de violencia— se han entrelazado con demandas de reconocimiento a los saberes propios, a las autoridades tradicionales y a los vínculos no humanos constitutivos del territorio (Defensoría del Pueblo, 2024). Aquí, la reparación precisa de recursos materiales pero se expresa como un acto simbólico de restitución ontológica: mediante el reconocimiento de una cosmovisión otra, la revalidación una historia vivida desde la exclusión, y la reactivación de la dignidad territorial de una colectividad que ha sido sistemáticamente vulnerada (Baleta López, 2005). Así, el reconocimiento se manifiesta en clave territorial y existencial, enlazando cuerpos, memorias y geografías.
La territorialización del reconocimiento abre la posibilidad de una lectura epistemológicamente situada de la injusticia, a la vez que posibilidades para repensar el diseño y la evaluación de políticas públicas interculturales. Modificando la percepción de que son instrumentos neutrales para la distribución de los recursos y el reconocimiento de identidades culturales dentro de marcos preestablecidos, la propuesta aquí sostenida se orienta, más bien, a replantear las políticas mismas como campo de reconocimiento, es decir, como espacio donde se validan —o se niegan— modos de existencia territorialmente desplegados.
El desafío por lo tanto no se agota en territorializar las políticas públicas ya existentes, es preciso reconsiderar su propia estructura. Los marcos normativos, los criterios de focalización (o enfoques) y los sistemas de medición configuran la incidencia deñ reconocimiento sobre las formas de vida: actúan como dispositivos de validación cultural, política y epistémica. En el contexto colombiano, iniciativas como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron formuladas para responder a los impactos del conflicto armado en zonas priorizadas. Sin embargo, su puesta en marcha ha evidenciado tensiones entre los procedimientos centralizados de planificación y las dinámicas territoriales concretas, así como la urgencia de adoptar lógicas de reconocimiento capaces de articular justicia redistributiva, cognitiva y simbólica (Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, 2024).
La experiencia colombiana en construcción de paz, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los ejercicios de caracterización étnica ofrecen un campo de observación especialmente fértil para pensar estas articulaciones. No obstante, también permiten advertir los riesgos que entraña territorializar sin reconocer. Cuando el territorio es comprendido exclusivamente como una zona geográfica o unidad administrativa —una especie de soporte mudo para la intervención técnica—, se reproduce una violencia epistémica que desconoce las formas locales de habitar y se invisibiliza al sujeto colectivo.
En este marco, referirse genéricamente a “los territorios” en plural suele implicar una mirada que los concibe como espacios lejanos a conquistar, en relación asimétrica con los centros de decisión y poder. Este uso, propio de ciertas racionalidades gubernamentales y coloniales, diferencia el “enfoque territorial” —entendido como política de focalización y gestión tecnocrática de periferias— de una comprensión crítica del territorio como objeto epistémico, relacional y situado. Desde esta última perspectiva, que es la que priorizamos aquí, una política pública fundada en una concepción honnethiana-territorial del reconocimiento requeriría anclar el diseño institucional a las dinámicas afectivas, lingüísticas, simbólicas y ecológicas que hacen del territorio una realidad vivida y disputada, y no una abstracción funcional disponible para la intervención tecnocrática. De este modo, el reconocimiento se convierte en categoría conectiva entre teoría crítica y praxis institucional. Reconocer no tiene mucho que ver con integrar al otro a un orden preexistente, sino más bien con transformar el propio orden desde el vínculo con aquello que el otro encarna: un mundo, una(s) lengua(s), un territorio.
Una vía alterna para profundizar la territorialización del reconocimiento se encuentra en el giro que propone Blaser (2014) hacia una “ontología política”, la cual desplaza la atención desde la diferencia cultural hacia la posibilidad de múltiples mundos. Este enfoque permite comprender que ciertas luchas
sociales no son simplemente demandas de inclusión o representación, sino afirmaciones de formas de existencia que son composiciones enteras de mundos diferentes más que representaciones distintas de un mismo mundo. En ese sentido, las exigencias de reconocimiento de muchos colectivos no consisten en ser aceptados dentro de un marco dominante que los subsuma, sino en hacer visible que sus territorios son entramados ontológicos habitados por agencias no humanas, relaciones ancestrales y memorias vivas, una caracterización que los sitúa muy lejos de ser contenedores neutrales de una cultura anclada o fijada (Gupta y Ferguson, 1992). Esta lectura nos aproxima a enfoques más radicales que cuestionan los supuestos ontológicos del propio concepto de reconocimiento y abren paso a marcos alternativos de comprensión.
En este sentido, el reconocimiento cuando es negado afecta mucho más que la manera como es representada una cultura, comprometiendo la continuidad de un mundo entero. Territorializar el reconocimiento, bajo esta óptica, implica abrir el análisis al carácter relacional y no reductible del territorio, imbricado con formas de vida, entramando diferentes ontologías y configurando la base de una concepción de la existencia que no se agota en categorías humanas. Aunque la propuesta de Blaser (2014) no se enmarca directamente en la teoría del reconocimiento de Honneth, ambas se pueden hacer converger, en la medida en que consideran que el agravio moral o epistémico se enraíza en procesos que lesionan la integridad de los sujetos y sus modos legítimos de estar en el mundo. La justicia territorial, desde esta perspectiva, pasa por la exigencia de la redistribución de los recursos y la validación de los símbolos, pero se concentra en la legitimación de formas de existencia en sus propios términos.
La territorialización del reconocimiento redefine modos de comprensión sobre la dignidad, la justicia y la subjetividad, abriendo una vía para repensar la noción misma de ciudadanía. Más allá de su configuración moderna basada en derechos abstractos, legalidad uniforme y pertenencia nacional, el reconocimiento emerge desde las prácticas territoriales una forma situada, afectiva y relacional de ciudadanía: una ciudadanía territorializante. Esta forma de ciudadanía no se instituye por decreto ni se mide por la tenencia de documentos, sino que se edifica desde la participación activa en los mundos compartidos, en la defensa de lo común y en la coproducción del territorio como espacio de existencia múltiple. Las comunidades que resisten el despojo, que reapropian los espacios heridos por la violencia, que negocian entre memorias fragmentadas y futuros posibles, están ejerciendo una ciudadanía territorial que no se reduce a votar o pagar tickets e impuestos, sino que se expresa en el derecho a existir con dignidad, en la lengua propia, en el lugar propio, con los vínculos propios.
Este tipo de ciudadanía se explaya en la cotidianidad: en la siembra colectiva, en el cuidado del río, en la deliberación comunal, en el duelo compartido y en la reconfiguración del nosotros. Por eso, no es sólo un estatuto político, sino una práctica ética del discurrir en la convivencia situada. Desde esta perspectiva, territorializar el reconocimiento es algo más que un ajuste teórico: constituye una apuesta política por imaginar formas de pertenencia que rompan con la lógica extractiva, racializada y epistemológicamente jerárquica del orden colonial moderno. Las ciudadanías territoriales —encarnadas en pueblos, barrios, caminos y comunidades— son formas de existencia que aportan espesor ético a la vida colectiva. Reconocerlas es, en última instancia, reconocer que la justicia comienza por habitar el mundo del otro como legítimo.
Ponderar el ceoncepto de reconocimiento desde el Sur global obliga a revisar críticamente las categorías normativas desde las cuales se planifican las políticas públicas. La experiencia latinoamericana, y en particular la colombiana, muestra que los marcos tecnocráticos que rigen el diseño de políticas interculturales tienden a inscribir los territorios como objetos pasivos de intervención, lo que se consolida en el uso generalizado de la expresión “los territorios”. Frente a ello, una política fundada en el reconocimiento territorial propoende por validar los vínculos ontológicos entre sujeto y espacio, entre memoria y tierra, entre lengua y vida. Esto implica transitar de una justicia representacional o redistributiva aislada hacia una justicia territorial donde el reconocimiento funcione como principio estructurador y no como un gesto a posteriori.
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